El magistrado Humberto Otazú hizo lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del exministro de Hacienda, Ramón Jiménez Gaona y otros dos funcionarios procesados en el marco del caso Metrobús, que dejó un perjuicio de US$ 25 millones al Estado paraguayo.
La fiscala María Estefanía González acusó a Jiménez Gaona, la exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto Metrobús, Guillermo Alcides Alcaráz por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
La acusación remarca que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”.
El Ministerio Público sostiene que el Estado paraguayo sufrió un perjuicio patrimonial de G. 180.030.528.699, por el pago de certificaciones de obras a la firma Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A.. La acusación agrega que pese al pago, se recibió una obra inconclusa e inviable como consecuencia de las conductas desplegadas por los acusados.
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