La fiscal de Ñemby, Lourdes Bobadilla, presentó acusación y pidió la elevación a juicio oral contra cinco imputados en el marco de la causa abierta por el esquema de estafa en las playas de venta de automóviles. Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, fueron acusados por estafa y asociación criminal.
El juez de Paz de Chaco´i, Jorge Adolfo Franco Garelik, fue acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, lo mismo que la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez. En esta carpeta fiscal se contabilizaron 255 personas que fueron perjudicadas por este modus operandi.
En uno de los casos, la señora Natalia Bareiro, en fecha 5 de agosto de 2023, adquirió un vehículo de la playa de autos ubicada en la calle Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de Gs. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento el 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Bareiro Benítez, en representación de Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.
Luego, la señora Bareiro se atrasó en el pago de la primera cuota del 10/09/2023 y en fecha 02 de octubre de 2023, llegó hasta su domicilio el oficial de justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmado por el juez Franco Garelik y la actuaria judicial Gaona Benítez, cuya orden fue firmada por dicho juez el 14 de setiembre del 2023. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó luego a la playa de venta de autos.
Ya en el lugar, pensado que iba a pagar la cuota atrasada le entregarían su vehículo, pero le solicitaron la entrega de G. 17 millones y ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez, a lo cual se negó y en un descuido logró tomar una foto del contrato. Ante su negativa a firmar no le entregaron el rodado ni la parte de pago que había entregado, así como tampoco los pagarés suscritos por ella. Este tipo de situaciones se repitieron por decenas, según las investigaciones de la Fiscalía.
El Ministerio Público sostiene que los acusados Bareiro Chávez, Bareiro Benítez e Yrala Fernández daban facilidad para adquirir vehículos, para luego aprovecharse del retraso en el pago de una cuota para dar trámite a expedientes judiciales en un Juzgado de Paz distante para obtener el mandamiento de secuestro y recuperar los rodados y volver a venderlos, haciendo firmar a las víctimas bajo engaño un contrato de compra-venta (dación de pago).
La acusación señala que el juez Franco Garelik y su actuaria Gaona Benítez tenían a su cargo expedientes judiciales en los cuales violaban los derechos de los demandados para favorecer al demandante (Steven Automotores), ya que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de enviar dichos expedientes a estadísticas o tasas judiciales.
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