Juzgado dicta prisión preventiva para abogado que agredió a fiscalizadora del INTN

El Juzgado de Santa Rita, en Alto Paraná, dictó la prisión preventiva del abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una fiscalizadora del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). La agresión ocurrió mientras la ingeniera Lourdes Sosa realizaba una verificación de una gasolinera en la localidad de Tavapy, propiedad de la firma 3 Fronteras.

Acosta, quien se había presentado ante la justicia luego de que revocaran su declaración de rebeldía, fue recibido en la sede judicial para la audiencia de imposición de medidas. Durante la misma, el juez Bernardo Silva ordenó su reclusión preventiva, considerando la gravedad de la agresión.

El abogado fue acusado de abofetear a la fiscalizadora a traición, un hecho que generó indignación en diferentes sectores de la sociedad. Ante el posible peligro para su seguridad, Acosta fue trasladado en patrullera desde el juzgado hacia la Dirección de la Policía de Alto Paraná, donde se mantendrá recluido hasta ser enviado a una penitenciaría.

El juez Silva comentó que, al principio, el imputado mostró una actitud hostil, pero después de que se conociera un comunicado de Acosta pidiendo disculpas, el magistrado destacó la importancia de enfrentar los errores. «Muchos cometemos errores, pero uno tiene que ser lo suficientemente valiente para asumirlos», expresó el juez.

La agresión de Acosta ha sido ampliamente rechazada por diversos sectores, incluidos funcionarios del INTN, quienes realizaron protestas en las calles en contra de la impunidad. Además, la violencia del abogado fue condenada en las redes sociales, por gremios profesionales y organismos gubernamentales, como los ministerios de la Mujer y del Trabajo.

La resolución judicial, que anuló la orden de captura inicial y permitió la presentación voluntaria del abogado, también ha generado controversia. La comunidad espera una resolución firme en este caso que garantice justicia para la víctima y frene la impunidad.

Este incidente ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y el respeto hacia los funcionarios encargados de fiscalizar y proteger los derechos ciudadanos.