El juicio por la muerte de Rodrigo Quintana entra en su etapa final, mientras el acusado señala a un alto funcionario como responsable de un supuesto encubrimiento.

Asunción – En un juicio cargado de tensión y revelaciones, la Fiscalía solicitó una pena de 25 años de prisión para el suboficial Gustavo Florentín, acusado de ser el autor del disparo que terminó con la vida del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana el 1 de abril de 2017, durante la irrupción policial en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Florentín, en su testimonio ante el tribunal, lanzó una grave acusación contra el exministro del Interior y actual fiscal, Lorenzo Lezcano. Afirmó que Lezcano le ofreció G. 120 millones, una vivienda y la manutención de su hija hasta los 18 años para que se declare culpable del crimen. Según el policía, al negarse, fue igualmente inculpado y arrestado.
“Esperaba una medalla, no unas esposas”, expresó Florentín, quien insistió en su inocencia y relató detalladamente su versión de los hechos ocurridos entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017, en medio de las manifestaciones contra la enmienda constitucional que buscaba habilitar la reelección presidencial.
Durante los alegatos finales, la fiscala Marlene González aseguró que las pruebas —videos, testigos y otros elementos— demuestran que Florentín fue quien disparó contra Quintana, y posteriormente incluso pisó el cuerpo sin mostrar signos de arrepentimiento. Por ello, solicitó la pena máxima prevista en el caso: 25 años de reclusión.
El tribunal, integrado por los jueces Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, no pudo emitir sentencia en la fecha prevista debido a un inconveniente de salud de uno de los magistrados. El juicio continuará este viernes desde las 08:30, cuando se espera un veredicto.
Cartes, en el trasfondo
Fidelino Quintana, padre de la víctima, también dio declaraciones que aumentan la polémica en torno al caso. Aseguró que el expresidente Horacio Cartes intentó comunicarse con él, mediante un emisario, días después del crimen. “Rechacé la propuesta. Estoy convencido de que quería ofrecerme una indemnización para callarme”, denunció.
Quintana afirmó que nunca mantuvo contacto con el suboficial Florentín, pero que, basándose en los videos y testimonios disponibles, cree que fue él quien disparó contra su hijo. Sin embargo, apuntó al entorno político como el verdadero responsable intelectual del asesinato. “Estoy seguro de que todo fue ordenado por Cartes. Pero esto va a terminar en Florentín y ahí quedará todo”, sostuvo con resignación.
El caso Rodrigo Quintana se ha convertido en un símbolo de la represión estatal y la impunidad en Paraguay. A ocho años del asesinato, las heridas siguen abiertas y la ciudadanía continúa exigiendo justicia plena, más allá de una condena individual.

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