La Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de Felipe Palacios y María Morínigo, una pareja que perdió a sus tres hijas en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños en 2004. La resolución, emitida por la Sala Civil, ordena el pago de una indemnización de G. 4.500 millones a los afectados por parte de la sociedad Ycuá Bolaños V y el fallecido Juan Pío Paiva, quien fuera propietario del establecimiento.
El fallo llega tras más de dos décadas de lucha judicial y se emite apenas dos semanas después del fallecimiento de Paiva, quien fue imputado al día siguiente de la tragedia ocurrida en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. A pesar del dolor, Palacios y Morínigo encontraron en la adopción una forma de continuar con sus vidas, dando amor a dos nuevas hijas.
La tragedia del Ycuá Bolaños marcó un antes y un después en la justicia paraguaya. El incendio, que dejó más de 400 víctimas fatales y cientos de heridos, derivó en un proceso judicial complejo y prolongado. En total, se presentaron 178 demandas de indemnización por un monto de G. 450.000 millones en el fuero civil.
Juan Pío Paiva y su hijo, Víctor Daniel Paiva, fueron procesados por homicidio doloso y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Juan Pío fue condenado a 12 años de prisión, mientras que su hijo recibió una pena de 10 años. Ambos cumplieron parte de sus condenas, pero Víctor Daniel falleció en 2020 debido a complicaciones por Covid-19. En 2014, Juan Pío obtuvo libertad condicional y en 2018 solicitó la extinción de su pena.
El incendio del Ycuá Bolaños fue considerado el mayor reto para la Justicia en la era democrática del Paraguay. Más de 70 jueces se excusaron de llevar el caso, y los procesos estuvieron marcados por tensiones, incluso con revueltas en las calles.
En 2010, el Congreso Nacional aprobó una ley para indemnizar a 327 personas, incluyendo sobrevivientes y familiares de víctimas. El Estado destinó G. 160 millones por cada fallecido, G. 115 millones para lesionados graves y G. 57 millones para lesionados leves. No obstante, muchas víctimas no lograron acceder a estos recursos.
La decisión de la Corte Suprema representa un hito en la búsqueda de justicia para los afectados por esta tragedia, aunque para muchas familias el dolor y las secuelas del siniestro continúan presentes.
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