Asunción, Paraguay – La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la intervención de la Municipalidad de Asunción, administrada por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, tras detectar presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República. La decisión se dio con 74 votos a favor, un voto en blanco y cinco ausencias.
La medida fue aprobada en un contexto marcado por la atención política que también rodea la situación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuyo caso fue debatido previamente en la misma jornada.
Durante el debate, el diputado Rodrigo Gamarra, miembro de la comisión especial que investigó las denuncias, destacó que la intervención no equivale a una condena: “Es una oportunidad para que, si no se hallan irregularidades, se reafirme la legitimidad de la actual Administración”, expresó.
Varios legisladores oficialistas, principalmente del movimiento cartista, expresaron su respaldo al intendente capitalino. La diputada Jazmín Narváez valoró la apertura de Rodríguez a someterse al proceso: “Lo encontré solvente en sus respuestas”, afirmó. En la misma línea, el diputado Derlis Rodríguez –pariente del jefe comunal– defendió la necesidad de una auditoría para esclarecer las denuncias.
Sin embargo, no faltaron intervenciones cargadas de ironía. El diputado Guillermo Rodríguez sugirió que, de fracasar en el proceso, al intendente le esperaría un “cargo jugoso” en alguna embajada o entidad estatal.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez ofreció una visión más crítica: “La Municipalidad está literalmente fundida. Con una deuda de más de 200 millones de dólares, no hay plata ni para pagar funcionarios”, afirmó, agregando que los fondos de dicha deuda no fueron correctamente justificados.
El debate también incluyó momentos de tensión, como el cruce entre la diputada Johanna Ortega y el diputado Daniel Centurión. Ortega acusó a su colega de haber participado en una supuesta maniobra política para instalar a Rodríguez tras la salida del exintendente Mario Ferreiro, mostrando incluso supuestos chats como prueba. Centurión negó rotundamente las acusaciones.
Tras la aprobación, el proceso queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá designar a un interventor conforme a la Ley de Intervención. Este funcionario tendrá un plazo de 90 días para realizar una auditoría y presentar un informe final ante la Cámara de Diputados, que deberá decidir si corresponde la destitución del jefe comunal.
En caso de destitución, se deberá convocar a nuevas elecciones municipales para cubrir la vacancia.

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