El juez penal de Cordillera, Augusto Acuña, concedió arresto domiciliario a Eugenio Sanabria Vierci, empresario de 69 años, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. La decisión fue tomada en base a informes médicos que señalan un deterioro en su salud durante su reclusión en la Agrupación Especializada. Entre las condiciones mencionadas en los informes figuran alcoholismo, bipolaridad y tendencias suicidas, lo que motivó su traslado a un ambiente con atención médica especializada.
Detalles del accidente El siniestro ocurrió el 10 de noviembre de 2024 en la ruta Luque-San Bernardino, conocida como la Ecovía. Sanabria Vierci, bajo los efectos del alcohol con un nivel de 0,622 mg/l en sangre, invadió el carril contrario y provocó un triple choque que resultó en la muerte de cuatro personas:
- Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años.
- Kristin María Blumenröther, de 40 años y nacionalidad alemana, esposa de Jacquet Valdez.
- Philipe Jacquet Valdez, hijo de la pareja, de apenas 2 años.
- Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, pasajera de otro vehículo involucrado.
La única sobreviviente del vehículo de la familia Jacquet Blumenröther fue una niña de 8 años, quien posteriormente fue trasladada a Alemania con sus abuelos.
Reacciones y decisión judicial La decisión de otorgar prisión domiciliaria al empresario generó indignación entre los familiares de las víctimas. Nancy Jacquet, hermana de Osvaldo Jacquet Valdez, cuestionó la medida: «Cuidan la salud de un asesino, de un criminal y el resto, ¿qué? ¿Quién me garantiza que ese señor no va a salir de su casa, va a tomar nuevamente su vehículo y va a ir a matar a otra persona, a otra familia?».
El juez Acuña justificó su decisión argumentando que han desaparecido los riesgos de fuga y obstrucción a la investigación. Entre las condiciones impuestas a Sanabria Vierci se encuentran la prohibición de salir del país, cambiar de domicilio sin autorización, consumir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas, portar armas de fuego y la obligación de comparecer a las audiencias judiciales. Además, se estableció una fianza de 7.550.783.952 guaraníes, asumida por familiares del imputado.
El caso ha reavivado el debate sobre la equidad en la justicia paraguaya, con sectores de la sociedad cuestionando si la condición económica del acusado influyó en la determinación judicial.
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