Fiscalía inicia sumario administrativo contra funcionaria por presuntas faltas graves

La Inspectoría General del Ministerio Público ha dispuesto la apertura de un sumario administrativo contra la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina, tras las denuncias formuladas en su contra y publicadas en un medio de comunicación. La investigación se centra en presuntas faltas administrativas que podrían constituir graves violaciones a la normativa vigente.

Según declaraciones del abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, Báez Medina estaría vinculada a un supuesto grupo de coacción junto con agentes antidrogas de la SENAD. Se la acusa de haber exigido dinero al legislador a cambio de no filtrar información en su contra. Además, se la investiga por presuntas irregularidades en operativos, incluyendo el allanamiento a la vivienda del hijo del diputado, donde supuestamente dio órdenes que ponían en riesgo la vida de personas.

También se analiza su participación en los procedimientos denominados «Pavo Real» y «Pavo Real II», en los cuales Eulalio Gomes era investigado por supuesto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. La fiscalía busca esclarecer si la funcionaria incurrió en uso indebido de influencias, cohecho, filtración de información reservada, obstrucción de operativos y conducta indebida en procedimientos.

Como parte del proceso administrativo, la Inspectoría General ha ordenado la notificación de Báez Medina, quien cuenta con un plazo de diez días para presentar su descargo y aportar pruebas en su defensa. El caso ha sido formalmente caratulado como «Sumario administrativo instruido a la funcionaria Jéssica Magdalena Báez Medina por la supuesta comisión de faltas administrativas».

El Ministerio Público reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, asegurando que el proceso se llevará a cabo con apego a derecho y garantizando el debido proceso.