En un dramático episodio que ha conmocionado a la opinión pública, una niña perdió la vida mientras su madre, desesperada por salvarla, cayó en las redes de la mafia de los pagarés en Paraguay. Este caso ha sacado a la luz la brutalidad de un sistema de usura que opera con impunidad y la complicidad de ciertos sectores del Poder Judicial.
El origen de una deuda injusta
Bárbara, madre de la menor fallecida, recurrió a un préstamo de emergencia de 500.000 guaraníes para comprar medicamentos esenciales para su hija. Sin embargo, lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en una pesadilla financiera. En una maniobra de usura descontrolada, el préstamo fue inflado de manera desproporcionada hasta alcanzar los 25 millones de guaraníes. Apenas dos días después de la internación de la niña, la madre ya enfrentaba un embargo.
Un sistema que condena a los inocentes
Tras el fallecimiento de la menor, lejos de encontrar consuelo, Bárbara se enfrenta a una condena financiera insostenible. Debe abonar casi 1 millón de guaraníes mensuales por años debido a una deuda que se originó en la desesperación por salvar la vida de su hija. Mientras los responsables de este abuso continúan operando sin consecuencias, ella se ve obligada a peregrinar por los tribunales en busca de justicia.
Búsqueda de justicia
La abogada Noelia Núñez ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado que se constituirá en el Juzgado de Paz de Carapeguá para defender los derechos de Bárbara y exponer el accionar de esta mafia de los pagarés. Según sus denuncias, estos esquemas de usura son posibles gracias a la complicidad de funcionarios judiciales y auxiliares de justicia que permiten que los abusos queden impunes.
Un llamado a la acción
El caso de Bárbara no es aislado. Es un reflejo de un problema sistémico que afecta a muchas familias vulnerables en Paraguay. La sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos y ciudadanos indignados exigen que se tomen medidas inmediatas para desmantelar esta red de usura y castigar a los responsables.
La muerte de una niña y el sufrimiento de su madre no pueden quedar en el olvido. Es momento de alzar la voz y exigir un sistema judicial que proteja a los más vulnerables en lugar de amparar a quienes lucran con la desesperación ajena.
Vía Oscar Florentín.
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