El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta logró una condena de 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión de la ejecución para Alberto Antonio Ayala Jacquet, en el marco de un procedimiento abreviado en el caso conocido como Megaevasión. La jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, encontró culpable al acusado por la comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos.
La acusación de la Fiscalía señaló que Ayala Jacquet, en su calidad de representante legal de la firma Carbosur S.A., como soporte de las transacciones reflejadas en sus declaraciones juradas, utilizó facturas no auténticas, las cuales no habían sido emitidas ni autorizadas por parte de sus supuestos proveedores.
Además, dichas operaciones no habían sido efectuadas, y habían sido utilizadas por Ayala Jacquet, con la finalidad de abultar el crédito fiscal, costo o gasto en renta, de la firma Carbosur S.A., cuyos montos totales, de las facturas utilizadas, ascienden a la suma de G. 246.846.100.
Ayala Jacquet, en calidad de representante de la firma mencionada, informó a la Subsecretaría de Estado de Tributación, en soporte magnético través del sistema Hechauka, las facturas no auténticas, cuyos números, fechas de supuesta emisión, montos, y los supuestos proveedores.
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